No creo en la pena de muerte. Respeto a las personas que verdaderamente creen que es una manera justa de castigar a los peores criminales, ya sea porque opinan que éstos merecen morir o porque han causado un daño irreparable a la sociedad.

El año pasado, se ejecutaron a 71 personas en Estados Unidos. Y el número de condenados a la pena de muerte en todo el país es de 3.500.

Uno de ellos es José Trinidad Loza, que cuando tenía 19 años se echó una novia menor de edad en Ohio, y se la quería llevar consigo a Los Ángeles. La madre de la chica se negó. Entonces Loza decidió matar a la madre de su novia. Y a su hermana. Y a su otra hermana embarazada de seis meses. Y a su hermano.

La policía les detuvo en una estación de autobuses. Loza confesó poco después. Debido a que Loza nació en Guadalajara, México, las autoridades de Ohio estaban obligadas, ante la Convención Consular de Viena, a avisarle que tenía el derecho de llamar al consulado mexicano. No lo hicieron, y su caso es uno de los 54 que México ha presentado ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya acusando a EE.UU. de no cumplir con la Convención de Viena.

Menciono su caso porque anuque hay condenas excepcionales a inocentes como Joaquín José Martínez en Florida, la inmensa mayoría de los reos condenados a muerte en Estados Unidos han cometido los asesinatos que se les imputan.

Aunque hay un número importante de personas condenadas a muerte que sí son inocentes (probablemente alrededor del 1 por ciento), el problema no radica ahí, sino en la aleatoridad con que se aplica. Debido al federalismo de Estados Unidos, es casi tres veces más fácil que se condene a muerte en una jurisdicción rural o pequeña que grande. Y las mismas cifras aplican si matas a un blanco o a una mujer.

O sea, que si se mata a un hombre de raza negra en la ciudad, las probabilidades de ser condenado a muerte son casi nulas. Pero si matas a una mujer blanca en el campo, ay de ti.

Esta inequidad es lo que más me intranquiliza sobre la pena de muerte, que suele ser aplicada a los más pobres y a las minorías con mucha frecuencia. Lo más macabro es que si eres inocente y te ves injustamente acusado, las probabilidades de que te condenen a muerte se disparan, debido a que el sistema jurídico de Estados Unidos está basado en acuerdos entre partes para declararse culpable por cargos inferiores y así evitar la molestia de un proceso.

En casos de pena capital, si el acusado es inocente y el fiscal (que es un cargo público, al igual que los jefes) tiene una enorme presión para obtener una condena, todo se desata en contra del reo. El fiscal recibe a las familias de las víctimas, el juez, que también se tiene que preocupar por su próxima elección, suele ser severo, el jurado quiere evitar casos horrorosos en su jurisdicción y de repente adquiere unas ganas horribles de condenar, y el acusado, inocente, se niega a negociar nada porque sabe que es inocente y saldrá exonerado.

Todo esto se convierte en cada proceso en una olla exprés, y ocurren muchas cosas que tienen poco que ver con la justicia.

Pero aparte de los inocentes, los culpables son ajusticiados de una forma tan caprichosa y discriminatoria que hace, pese a lo funesto de sus delitos, que una condena a muerte no se aplique de manera equitativa.