Como la mayoría de los estadounidenses, la madre de Josh tiene un seguro particular, administrado por una Organización de Gestión de Salud (HMO, por sus siglas en inglés). Estas corporaciones ofrecen seguros de enfermedad más o menos asequibles. A mí me sale por unos $60 al mes, y si quiero ir a la consulta de mi médico de cabecera, me cuesta $10 por visita. Si me tienen que ingresar en urgencias, son $75.
A primera vista, todo parece razonable y barato. El problema es que los HMO son organizaciones con fines de lucro, y tienen bastantes restricciones. Por ejemplo, casi todas tienen un límite que se gastan durante la vida del paciente: $1 millón. Y muchas tienen normativas limitantes, como determinar que cada intervención sea necesaria desde el punto de vista médico. Ah, y la necesidad se aprueba en un trámite administrativo. Los médicos saben que si recomiendan demasiados tratamientos o intervenciones, el HMO les puede sacar de su red.
Entre las limitaciones en el plan de enfermedad de Justin, el hermano de Josh, son 60 días de rehabilitación al año. Un especialista recomendó que empezara la rehabilitación. Pero un radiólogo le movió mal a Justin, y ha causado varias infecciones en lugares que mejor no digo. Total, que la rehabilitación no le sirve de nada, porque tiene que recuperarse, pero como no encuentran al médico que ha autorizado la rehabilitación, le siguen contando los días. Un horror.
Un día en el hospital te puede salir por unos $2.500, y si es en la UCI o en Urgencias, por casi $10.000. Estas cifras son altas porque los hospitales y médicos tienen que tener un seguro contra las demandas. Muchos galenos pagan $100.000 al año por este seguro. Por ejemplo, la legislatura de Florida acaba de pasar una ley que obliga a todos los hogares de ancianos a tener un seguro de demandas judiciales. La única empresa de seguros que brinda este seguro, sólo cubre $100.000. Ah, y cuesta $130.000. Pero como es obligatorio, no hay más narices.
